La situación de los trabajadores temporales en España ha sido objeto de debate durante muchos años, especialmente debido a la inestabilidad laboral y la falta de una solución efectiva por parte de las autoridades.
Los interinos, que desempeñan sus funciones en cargos temporales dentro de la función pública, encuentran con un número considerable de desafíos. Aunque muchos de estos empleados llevan años laborando en puestos claves, su futuro sigue siendo incierta.
El gobierno español ha buscado repetidamente resolver este desafío, proponiendo diferentes planes. Sin embargo, la mayoría de estas medidas no han logrado solucionar el problema de fondo, provocando que los interinos sigan laborando en condiciones inseguras. El último plan, conocido como el "Icetazo", buscaba reducir la temporalidad en el sector público, pero no ha logrado mejorar la situación de todos los interinos.
Entre los aspectos cuestionados se encuentra la opacidad en los procesos de selección. Frecuentemente, se señala que los interinos llevan años en sus puestos, pero no tienen la oportunidad de ser nombrados de manera definitiva, lo que crea una sensación de frustración. Se here ha denunciado que una parte significativa de los interinos están cubriendo puestos estructurales que, en realidad, deberían ser de carácter fijo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido un actor clave en la defensa de los derechos de los interinos en España. Este órgano judicial ha declarado que el abuso de la temporalidad es incompatible con el derecho comunitario. Como resultado de estos fallos, España ha iniciado algunos cambios en su legislación. No obstante, estos cambios no han logrado resolver por completo la situación.
Una preocupación clave del colectivo es el insuficiente valor que se da a su trayectoria. Este colectivo se queja que, a pesar de su dedicación, no se valora igual que a los empleados fijos.
Para una gran parte de los interinos, la única solución sería la consolidación definitivo. Aunque, algunos sectores argumentan que dar prioridad a los interinos sin oposición abierta sería problemático, y que debe garantizarse la igualdad de acceso para todos los candidatos.|Por otro lado, hay quienes consideran que una solución rápida podría afectar el principio de justicia en el acceso a la administración.}
En conclusión, el colectivo de interinos en España sigue sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión desde las autoridades, y es necesario adoptar medidas efectivas. La estabilidad laboral de los interinos está en manos de las modificaciones que se pongan en marcha en los próximos años, así que será determinante ver cómo evolucionan las decisiones a este nivel.